Un huésped incómodo en la Embajada
Mientras en Colombia la Fiscalía le imputaba cargos por cohecho, peculado y lavado de activos, González disfrutaba de la comodidad de la casa oficial de la Embajada de Colombia en Managua. No pagaba arriendo, ni gastos; se movía incluso en el vehículo diplomático y, de acuerdo con revelaciones de El Reporte Coronell y RCN, hacía uso de la residencia como si fuera propia.
Los registros indican que su estadía en Nicaragua no fue improvisada. Trámites, gestiones y silencios desde la Cancillería y la sede diplomática en Managua permitieron que González obtuviera cédula de residencia en ese país centroamericano, justo después de que estallara el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la entidad donde se desvió dinero público en coimas dirigidas —según la Fiscalía— a influyentes congresistas.
La lupa de la Procuraduría
El hecho no pasó desapercibido para el Ministerio Público. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios de la Cancillería para establecer quiénes facilitaron los trámites y cómo se prorrogó la permanencia de González en territorio nicaragüense, pese a que sobre él pesaba ya una circular roja de Interpol.
La Sala Disciplinaria ordenó pruebas que incluyen inspección a Migración Colombia y revisión de todo procedimiento adelantado en la Cancillería y en la Embajada de Managua. El objetivo: determinar si hubo omisiones, complicidad o maniobras que favorecieron al exdirector del Dapre en su intento de burlar a la justicia.
El trasfondo político
El caso abre más interrogantes que respuestas. León Fredy Muñoz, exembajador en Nicaragua y hoy senador, y su ficha en la Embajada, Óscar Muñoz, actual encargado de la misión diplomática, aparecen en el radar de las sospechas. ¿Sabían que González se instaló en la sede oficial? ¿Autorizaron su uso como vivienda? ¿Hubo presiones políticas desde Bogotá?
A las dudas se suma la lectura política del escándalo. González, procesado por ordenar supuestamente al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, la entrega de multimillonarios sobornos a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, habría tenido protección y facilidades en un momento en el que el Gobierno del “cambio” prometía transparencia y lucha frontal contra la corrupción.
La Fiscalía asegura que Name habría recibido $3.000 millones y Calle $1.000 millones en el reparto ilegal, una acusación que sacudió los cimientos del Legislativo y dejó en entredicho la relación entre poder político y burocracia estatal.
El contraste de la impunidad
El episodio de Nicaragua se convierte en símbolo del doble lenguaje en la política colombiana: mientras se habla de combatir la corrupción, uno de los protagonistas de ese entramado se refugiaba, literalmente, en los brazos del Estado.
La ironía es tan brutal como evidente: el hombre señalado de tejer la red de sobornos más grande de los últimos años, terminó siendo protegido en una embajada colombiana. El caso deja una sensación amarga en la opinión pública: los bandidos no solo huyen, sino que encuentran refugio bajo el mismo techo diplomático que representa al país en el extranjero.
Lo que viene
Ahora la Procuraduría busca desenredar la madeja: quién dio las órdenes, qué funcionarios firmaron los trámites, quién miró hacia otro lado y quién permitió que la sede diplomática se convirtiera en escondite.
Mientras tanto, Carlos Ramón González sigue prófugo, con circular roja de Interpol y acusado formalmente por la Fiscalía. Su paso por Managua es la prueba palpable de cómo los tentáculos de la corrupción pueden cruzar fronteras y tocar incluso las instituciones llamadas a defender la legalidad.
La crónica queda abierta, porque la pregunta de fondo aún no tiene respuesta: ¿actuó la Cancillería por negligencia, por complicidad, o por órdenes superiores?
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