La representante a la Cámara por Arauca, Lina Garrido, presentó una acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), alegando que la entidad se ha negado a dotarla de un chaleco antibalas pese a las amenazas que ha recibido de grupos armados ilegales.
“Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo”, escribió Garrido en su cuenta de X, denunciando que desde la UNP le respondieron que “no están matando congresistas”. La tutela fue admitida por el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.
No es la primera vez que la congresista de Cambio Radical señala desatención en materia de seguridad. Tras haber sido una de las voceras de la oposición durante la instalación del último periodo legislativo, miembros de su propio esquema le recomendaron insistir en el refuerzo de sus medidas de protección. “Me reuní con mi esquema de seguridad y ellos mismos me manifestaron que era importante insistir en que me refuercen las medidas de protección”, aseguró el pasado 21 de julio en entrevista con Blu Radio.
Garrido, quien ha sido amenazada en repetidas ocasiones por estructuras del ELN y de las disidencias que operan en Arauca, ya había recurrido en noviembre pasado a una acción de tutela para exigir atención a las amenazas recibidas. “Desde noviembre del año pasado que coloqué la tutela, solamente se han garantizado las medidas que ya tenía, pero no se han aumentado y espero que se hagan después de lo sucedido ayer (20 de julio)”, indicó, afirmando que persiste una “falta de garantías” para ejercer su papel como congresista opositora.
Además, aprovechó la revelación de la tutela para criticar la reciente adquisición de bastones de mando y mulas por parte de la UNP. “El director de la UNP está presto a garantizar la seguridad de los bandidos y a comprar ‘mulas’ a 9 millones”, escribió, refiriéndose a la compra de 4.833 bastones de mando y 123 mulas equipadas para comunidades indígenas. El director de la UNP, Augusto Rodríguez, defendió esa compra ante RTVC como parte de “prácticas de protección colectiva para los pueblos indígenas”.
En medio de este debate sobre la seguridad de funcionarios públicos, la Federación Nacional de Departamentos (FND) hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que se redefinan las políticas de seguridad y se enfrente de manera contundente la criminalidad que afecta a las regiones.
El presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, subrayó que “para poder superar la pobreza, garantizar el crecimiento de la economía y la transformación de los territorios, se necesita un trabajo articulado y conjunto entre el Gobierno nacional y las Entidades Territoriales”.
Zuleta advirtió que la actual situación de inseguridad representa un grave riesgo para la institucionalidad, recordando que en lo corrido de 2025 han sido asesinados y heridos más de 500 miembros de la Fuerza Pública, lo que representa un incremento superior al 150 % frente al mismo periodo del año anterior.
Por su parte, el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, afirmó que “la seguridad es transversal al desarrollo; si se flaquea o se falla en esta, no hay crecimiento en ningún sector ni condiciones sociales, económicas y ambientales favorables. Así mismo, cuando los sistemas criminales encuentran fracturas entre el Gobierno y las regiones, se fortalecen”.
Estas declaraciones se dieron durante la ‘Cumbre de Gobernadores por el cuidado del territorio y la vida’, realizada en Chocó, donde el general (r.) William René Salamanca, exdirector de la Policía Nacional, expuso cifras alarmantes sobre el reclutamiento de menores en el país: un niño, niña o adolescente es reclutado cada 48 horas. En 2025 se han reportado 463 casos (279 niños y 184 niñas), se han realizado 2.900 capturas de personas vinculadas a delitos sexuales contra menores y 12.024 menores han sido rescatados de situaciones de reclutamiento o explotación.
La FND pidió que se adopten acciones inmediatas y coordinadas entre el Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para proteger a las comunidades y garantizar el orden público en los territorios.
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