La decisión obedece a la aplicación del nuevo parágrafo 1 incorporado en el marco de la reciente reforma judicial, según el cual la función de juez de control de garantías en estos procesos será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y sus decisiones podrán ser apeladas ante otra sala del mismo tribunal. Por esta razón, la Corte Suprema declaró su falta de competencia para resolver el recurso y remitió el expediente al despacho correspondiente del tribunal bogotano.
Carlos Ramón González enfrenta una medida de aseguramiento intramural, dictada el pasado 3 de julio, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que lo señala como presunto determinador en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Al exfuncionario se le imputan los delitos de peculado, cohecho y lavado de activos.
La investigación de la Fiscalía indica que desde la Casa de Nariño se habría coordinado un esquema de corrupción que implicó inflar un contrato por 46.800 millones de pesos, con el fin de desviar recursos públicos hacia sobornos dirigidos a congresistas. El testimonio clave del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, permitió identificar a González como una de las figuras centrales de la red criminal.
Entre los presuntos beneficiarios del esquema figuran los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes habrían recibido sobornos por tres mil millones y mil millones de pesos, respectivamente. Ambos fueron enviados a prisión preventiva por la Corte Suprema en mayo de este año.
Uno de los aspectos más delicados del proceso es la ubicación actual de González, quien según la Fiscalía se encuentra en Nicaragua, sin intención aparente de regresar al país. Por este motivo, la entidad adelanta trámites ante Interpol para solicitar una circular roja, que permita su captura internacional. Si la alerta es aprobada, González podría ser detenido en cualquiera de los países miembros de la organización, a menos que consiga revocar la orden desde la sede de Interpol en Lyon, Francia.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene seguimiento permanente a sus movimientos migratorios, cuentas bancarias y comunicaciones, en un caso que ha salpicado de lleno a figuras cercanas al alto gobierno y ha profundizado la crisis de confianza institucional en el país.
Con esta decisión, la Corte Suprema marca un precedente en la aplicación del nuevo esquema procesal y deja en manos del Tribunal Superior de Bogotá la responsabilidad de dar continuidad al proceso contra uno de los protagonistas del escándalo de corrupción más sonado del gobierno Petro.
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