Por Redacción Economía y Ciudad
Empresas Públicas de Medellín (EPM) dio un paso clave en el proceso de enajenación de sus acciones en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (Tigo-UNE), al ser notificada oficialmente de que el valor de mercado del paquete accionario asciende a $2,1 billones. La junta directiva de la compañía no solo revisó y aprobó los soportes técnicos de la nueva valoración, sino que autorizó al gerente John Maya Salazar para avanzar con la reglamentación necesaria para ejecutar la venta, prevista para concretarse durante el primer semestre de 2026.
El nuevo avalúo, realizado con el acompañamiento de reconocidas firmas como BTG Pactual, Altman Solon, Deloitte, GBS Finance y la firma de abogados Gómez Pinzón, es sustancialmente superior al cálculo preliminar de 2024, lo que generó interrogantes sobre el destino final de estos recursos. Según EPM, el precio mínimo fijado por cada una de las 5.015.035 acciones en venta es de $418.741.
“Es una buena noticia, ya que es una valoración superior a lo que se creía inicialmente. Esto demuestra que el tiempo nos dio la razón y que hemos tomado la mejor decisión”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al celebrar la cifra proyectada. Gutiérrez ha defendido el proceso como una estrategia para liberar recursos y destinarlos a obras sociales y tecnológicas.
Etapas del proceso de venta
Según explicó el gerente general de EPM, John Maya, la venta se desarrollará en al menos tres fases, siguiendo los lineamientos legales para la enajenación de activos públicos:
Primera etapa: Se ofrecerán las acciones a los denominados destinatarios especiales, es decir, empleados activos de EPM, sus fondos de empleados, cooperativas, así como a fondos de pensiones y cesantías. Esta fase tendrá una duración aproximada de dos meses.
Segunda etapa: Las acciones se abrirán al público en general, incluidas personas naturales, jurídicas y la multinacional Millicom.
Tercera etapa: En caso de que haya acciones sin vender, estas deberán ofrecerse a Millicom en ejercicio de su derecho de preferencia, dentro de un plazo de 90 días. Este paso es crucial, ya que del mismo dependerá si EPM aplica o no la cláusula de protección al patrimonio público, cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2026.
Destino de los recursos
La junta directiva de EPM definió cuatro líneas estratégicas para invertir los recursos obtenidos por la venta:
Ampliación de la conectividad digital en hospitales y colegios públicos mediante la red de fibra óptica de EPM.
Programas educativos para jóvenes.
Fondo de apoyo a emprendedores en innovación de servicios públicos, con el respaldo de Ruta N.
Construcción de una estación de transferencia de residuos sólidos y proyecto de valorización de desechos.
Estas líneas apuntan a generar valor social y ambiental, respondiendo a las críticas sobre el riesgo de desmantelar una empresa de telecomunicaciones estratégica.
Revés judicial para detractores de la venta
Mientras avanzan los preparativos para la venta, el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín negó una acción popular que pretendía frenar el proceso. El recurso había sido interpuesto en 2023, argumentando supuestas vulneraciones a la moralidad administrativa y al patrimonio público por parte del Concejo de Medellín, la Alcaldía y EPM durante la aprobación del acuerdo que autorizó la venta.
Los demandantes alegaban que el avalúo de las acciones no había sido debidamente sustentado durante los debates. Sin embargo, el juez determinó que no se violaron derechos colectivos y concluyó que el proceso de valoración está siendo conducido con rigurosidad técnica y asesoría independiente.
“Lo que quedó demostrado es que EPM se encuentra desarrollando la etapa de construcción del rango de valoración con su banca de inversión, y que este será validado por un tercero independiente”, anotó el juez. Además, recordó que no era competencia del proceso popular anular actos administrativos aprobados por el Concejo.
Pese a la decisión desfavorable, el fallo no cierra por completo la discusión, ya que permite la interposición de un recurso de apelación dentro de los tres días posteriores a su notificación.
Una apuesta con alta carga política
El proceso de venta de UNE ha sido una de las decisiones más debatidas en la agenda pública de Medellín en los últimos años. Mientras algunos sectores lo ven como una forma de capitalizar recursos y fortalecer las inversiones sociales, otros lo perciben como una pérdida del control estatal sobre el sector de las telecomunicaciones.
Con una hoja de ruta definida y un valor sustancial confirmado, ahora queda por verse si el interés del mercado y la voluntad de los potenciales compradores estarán a la altura de las expectativas. Por lo pronto, EPM ha dejado claro que no aceptará ofertas por debajo de los $2,1 billones, blindando así una operación que marcará un hito en su historia financiera.
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