Mientras los 146 ediles de Medellín reclaman por el retraso en la entrega del bono mensual de transporte por parte de la Alcaldía, una controversia de mayor alcance sacude a las 21 Juntas Administradoras Locales (JAL) de la ciudad: esta semana se radicó ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia una demanda que busca declarar la pérdida de investidura de casi todos sus integrantes, bajo el argumento de que han incumplido de forma reiterada sus deberes legales y constitucionales.
La acción judicial fue interpuesta el pasado lunes 28 de abril por el abogado Ramiro Albeiro Sánchez, en representación de cuatro ciudadanos, quienes aseguran que los ediles “desviaron y evadieron las funciones y responsabilidades” propias de sus cargos, y no cumplieron con su misión principal: ser el puente entre las comunidades y la administración distrital en materia de desarrollo local.
Entre los incumplimientos señalados, la demanda argumenta que los ediles no habrían debatido ni aprobado oportunamente los acuerdos locales para la formulación de los planes de desarrollo de comunas y corregimientos en 2024, requisito indispensable para garantizar la inversión pública descentralizada. Además, se les acusa de omitir la aprobación de los planes de inversión territorial que debían presentar a la Alcaldía para la vigencia 2025.
Según el abogado Sánchez, las pruebas se sustentan en respuestas a derechos de petición dirigidos tanto a la administración distrital como a las propias JAL. El proceso judicial entra ahora en etapa de análisis por parte del Tribunal, que tendrá 45 días para fallar en primera instancia. Sin embargo, se prevé que el caso escale a una segunda instancia que podría determinar sanciones individuales o colectivas.
Mientras tanto, desde el otro frente de la polémica, los ediles levantaron su voz para reclamar por la falta de pago del bono mensual de $400.000, destinado a cubrir gastos de transporte. El beneficio, entregado a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, no ha sido girado en lo que va de 2025, lo cual —según denuncian— afecta directamente su operatividad y hasta su sostenimiento personal.
En un comunicado, la asociación Asoediles manifestó que la situación ha deteriorado la relación de confianza con la Alcaldía: “La información brindada ha sido evasiva e incierta. Solicitamos claridad y cumplimiento con este apoyo fundamental para el ejercicio de nuestras funciones”.
El bono, que algunos redimen también en especie como mercados, se suma a los honorarios mensuales que rondan el millón de pesos, los cuales dependen de la asistencia a por lo menos 80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias al año.
Por su parte, el secretario de Participación, Camilo Andrés Cano, aseguró que el Distrito ha cumplido de forma oportuna con los beneficios de ley, entre ellos: la celebración del Día de las JAL, pago de honorarios, afiliación a seguridad social (EPS, ARL, pensión) y suscripción de pólizas de vida. Además, recordó que se han entregado dotaciones de oficina, cubierto servicios públicos en sedes comunales, y brindado asesoría jurídica y administrativa.
Mientras el debate jurídico avanza, el clima entre ediles y administración se torna cada vez más tenso. De un lado, hay quienes exigen el cumplimiento de derechos; del otro, ciudadanos que piden mayor compromiso y resultados concretos. La legitimidad y operatividad de las JAL, instrumento clave de participación ciudadana, atraviesan un momento decisivo en Medellín.
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