Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela. Foto Getty
Entre los bienes confiscados figuran mansiones en Florida y República Dominicana, una granja de caballos, nueve vehículos de alta gama, joyas y millones de dólares en efectivo. Según el Departamento de Justicia, forman parte de una red de corrupción y lavado de dinero que utilizó empresas fachada y estructuras corporativas en paraísos fiscales para ocultar la verdadera propiedad de los activos.
Aviones bajo la lupa
Las aeronaves incautadas fueron usadas no solo para el transporte personal de Maduro y su círculo cercano, sino también en operaciones logísticas que habrían facilitado traslados de dinero, mercancías y personas bajo la apariencia de vuelos privados.
En abril de 2024, Estados Unidos ya había decomisado un Dassault Falcon 900EX adquirido mediante una empresa fantasma por US$13 millones. La aeronave fue trasladada a Florida tras ser descubierta en República Dominicana. Meses antes, en febrero, también fue incautado un Falcon 200 matrícula YV-3360, valorado en US$10 millones y vinculado a Pdvsa, que permanecía en un hangar del aeropuerto Joaquín Balaguer, en Santo Domingo Norte.
“Las aeronaves adquiridas de manera ilegal en beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar hacia el atardecer”, había advertido Matthew S. Axelrod, exsecretario adjunto del Departamento de Comercio.
Conexión con la élite venezolana
La ofensiva estadounidense también se alimenta de investigaciones periodísticas. El proyecto Miami Nostro, realizado por Armando.info y el Miami Herald, documentó que al menos 724 exfuncionarios venezolanos, incluidos militares, jueces y ministros, registraron compañías en Florida, muchas de ellas aún activas. Los hallazgos confirmaron que varios adquirieron propiedades mientras ejercían cargos públicos, levantando serias dudas sobre el origen de los fondos.
Narcotráfico y “Cartel de los Soles”
El trasfondo de las incautaciones está directamente relacionado con las acusaciones de narcotráfico. Según la DEA, en lo corrido del año se han incautado 30 toneladas de drogas procedentes de Venezuela, de las cuales siete estarían vinculadas directamente con Maduro.
Autoridades estadounidenses aseguran que el mandatario opera en alianza con el Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa y el denominado Cartel de los Soles, una red de oficiales venezolanos acusada de proteger y facilitar el tráfico de cocaína desde los años noventa.
La fiscal Bondi sostuvo que Maduro es “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo” y justificó así la recompensa récord por su captura.
Reacciones en Caracas
Desde Venezuela, el gobierno calificó las medidas como una “burda operación de propaganda política”. El canciller Yván Gil denunció que se trata de un show mediático de Washington y la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, aprobó una declaración de respaldo a Maduro en la que tachó la recompensa de “agresión desesperada e ilegal”.
Una presión con larga historia
No es la primera vez que Washington judicializa a un jefe de Estado extranjero. En 1988 lo hizo contra Manuel Noriega, en Panamá, y en marzo de 2020 el Departamento de Justicia ya había imputado a Maduro por “narcoterrorismo”.
Tanto las administraciones de Joe Biden como la de Donald Trump reconocieron como presidente legítimo de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, tras las controvertidas elecciones de 2024. En paralelo, se mantuvieron negociaciones discretas para la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas.
Con la recompensa más alta de la historia, la confiscación de activos millonarios y las acusaciones por narcotráfico, la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro entra en una fase sin precedentes, con consecuencias no solo judiciales, sino también diplomáticas.
Con información de AFP.
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