En la sede del Concejo de Cúcuta se realizó una mesa de trabajo para analizar la grave crisis del sistema de salud en Norte de Santander. Autoridades del sector, directivos médicos, veedores y usuarios coincidieron en señalar que la situación es crítica y que el sistema en la región se asemeja a un paciente en estado reservado, cuya condición empeora con el paso de los días.
La crisis no solo afecta a los usuarios que esperan atención médica, sino también a los trabajadores del sector: médicos, enfermeras y personal administrativo, quienes enfrentan retrasos de hasta dos y tres meses en el pago de sus salarios, lo que ha generado un clima de incertidumbre laboral.
Una deuda que crece como “un cáncer”
De acuerdo con el Instituto Departamental de Salud (IDS), la cartera acumulada en el departamento alcanzaba, a 30 de julio de 2025, los $800.179 millones, solo en deudas de Nueva EPS y Coosalud, sin incluir otras EPS. De este monto, el 39 % corresponde a pasivos con instituciones públicas.
El Hospital Universitario Erasmo Meoz, principal centro de referencia en la región, atraviesa una de las situaciones más críticas: su cartera asciende a $589.000 millones, afectada tanto por retrasos de las EPS como por la deuda estatal a través del Soat, que suma unos $1.600 millones. La crisis ha obligado a suspender temporalmente servicios vitales como oncología.
En el caso de la ESE Imsalud, que atiende el primer nivel de complejidad, la deuda asciende a $41.000 millones, recursos que difícilmente podrá recuperar, pues sus principales deudores están bajo intervención estatal.
Aunque la Nueva EPS anunció un Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública, que incluye a más de 500 empresas del Estado en el país, en Norte de Santander las expectativas son moderadas: los hospitales necesitan liquidez inmediata para sostener sus servicios.
El concejal Leonardo Jácome advirtió que el problema es de carácter estructural: “No podemos desgastarnos en plantones aquí cuando el problema está más allá, en el Gobierno nacional, que no ha cumplido con las obligaciones”.
Niños con discapacidad, en riesgo de quedar desatendidos
La situación más delicada se refleja en la atención de los más de 200 niños en condición de discapacidad que reciben tratamiento en la sede Eureka de la IPS UBA Vihonco. El próximo 5 de septiembre vencerá la tregua otorgada a la Nueva EPS para ponerse al día con los pagos. Si no cumple, se suspenderán todos los servicios médicos y terapéuticos para estos menores.
Diana Echeverri, líder de la Corte de Madres, denunció que desde hace más de un año se han presentado retrasos en los pagos, lo que derivó en una atención cada vez más precaria: primero con negación de citas con especialistas, luego con desabastecimiento de medicamentos y, finalmente, con la cancelación de terapias indispensables para los niños.
“Si el viernes no hay soluciones, nuestros hijos se quedarán sin atención. Nosotras volveremos a la asamblea permanente porque no vamos a permitir que se vulneren los derechos fundamentales de nuestros niños”, aseguró Echeverri.
Un sistema en colapso
El panorama en Norte de Santander refleja el colapso nacional del sistema de salud: deudas acumuladas, servicios suspendidos y usuarios cada vez más desprotegidos. En medio de esta crisis, los niños con discapacidad aparecen como las principales víctimas, a las puertas de perder sus tratamientos, en un contexto donde el derecho fundamental a la salud se pone a prueba frente a la indiferencia institucional.
Mientras los hospitales luchan por sobrevivir con carteras impagables, los trabajadores de la salud esperan salarios atrasados y las madres de familia se organizan para exigir atención para sus hijos, la pregunta que queda en el aire es: ¿quién responderá por la salud de los nortesantandereanos?
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