La presidenta del Concejo de Cúcuta, Carime Rodríguez, enfrenta una demanda de pérdida de investidura ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por el presunto uso indebido de dineros públicos destinados a la contratación de servicios de promoción personal en las redes sociales de la corporación.
La acción fue interpuesta por el veedor social Miguel Ángel Florez, quien aseguró que la concejal habría configurado una violación al artículo 10 de la Ley 1464 de 2011, Estatuto Anticorrupción, que sanciona el uso de recursos oficiales con fines de autopromoción política.
El punto central de la denuncia
Según el expediente, la demanda se sustenta en tres contratos específicos (034, 073 y 097 de 2025), mediante los cuales se contrataron profesionales para manejar las plataformas digitales del Concejo. El señalamiento es que el contenido difundido, en lugar de representar la actividad institucional, habría resaltado de manera recurrente la figura, nombre y mensajes de Rodríguez.
Como respaldo, el veedor adjuntó piezas audiovisuales publicadas en las cuentas oficiales de la corporación y solicitó un peritazgo informático forense para certificar su autenticidad. “No se trata de prejuzgar, sino de que, con la verdad, el tribunal tome la decisión que corresponde”, explicó Florez.
Un antecedente que marca precedente
El caso no sería aislado. Florez recordó un antecedente ocurrido en Yopal, Casanare, en 2013, cuando la presidenta del Concejo de entonces, Gloria Cárdenas, enfrentó un proceso similar por usar canales institucionales con fines personalistas. En ese episodio, la justicia sancionó a la funcionaria, generando un precedente que hoy podría jugar un papel determinante en la decisión del tribunal de Norte de Santander.
De acuerdo con expertos consultados por este medio, las demandas de pérdida de investidura suelen resolverse en plazos más cortos que otros procesos de control político, como la nulidad electoral, lo que abre la posibilidad de que la decisión de primera y segunda instancia quede en firme en menos de un año.
Repercusiones políticas y jurídicas
La eventual pérdida de investidura tendría un impacto profundo en el panorama político de la ciudad, no solo porque significaría la salida inmediata de Rodríguez del Concejo, sino también porque podría inhabilitarla para ejercer cargos de elección popular.
El trasfondo del caso se ubica en un momento de creciente escrutinio ciudadano frente al uso de recursos públicos en campañas de comunicación digital, un terreno en el que los límites entre lo institucional y lo personal resultan cada vez más difusos.
La defensa de Rodríguez
La funcionaria reconoció que estas acciones de control son parte de la vida pública y aseguró que ejercerá su derecho a la legítima defensa. “Confío en que la transparencia con la que he desarrollado mi carrera en lo público desde hace 30 años será mi respaldo para salir bien librada”, afirmó.
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