Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, exige la transferencia de recursos de bomberos, mineros, pilotos y funcionarios de cárceles; Asofondos advierte que la medida no puede ser obligatoria y cuestiona el cálculo del monto.
Una nueva controversia se ha desatado en el país luego de que el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, planteara la transferencia de los ahorros de más de 45.000 trabajadores catalogados en actividades de alto riesgo desde los fondos privados (AFP) hacia el régimen público. La discusión gira en torno a un monto estimado en 9 billones de pesos, recursos que, según el Gobierno, se han retenido de manera indebida por parte de las administradoras privadas.
Dussán ha sido enfático en señalar que, conforme al Decreto 2090 de 2003, bomberos, mineros, pilotos y funcionarios de cárceles deben cotizar exclusivamente en Colpensiones para acceder a las condiciones especiales de pensión por alto riesgo. El directivo ha justificado que, de contarse con dichos recursos, se podrían financiar compromisos como el bono pensional de $300.000 para tres millones de adultos mayores que nunca han recibido apoyo económico, propuesta bandera del presidente Gustavo Petro.
El Gobierno ya habría formalizado la solicitud de devolución y espera que la Superintendencia Financiera facilite el proceso. Sin embargo, la propuesta ha recibido fuertes críticas por parte de Asofondos. Su presidente, Andrés Velasco, advirtió en entrevista con Blu Radio que el traslado no puede imponerse como obligación general, recordando que desde la Ley 100 de 1993 cada trabajador tiene la libertad de elegir el régimen pensional.
Velasco también subrayó que cualquier traslado debe estar precedido por el proceso de doble asesoría, ya que no todos los trabajadores de alto riesgo se benefician automáticamente de cambiarse a Colpensiones. Incluso, en algunos casos, podría ser más conveniente permanecer en un fondo privado para recibir la devolución total del ahorro junto con sus rendimientos.
Asofondos también cuestionó el cálculo de los 9 billones solicitados, señalando que la cifra depende de decisiones individuales de los afiliados y no de una transferencia automática. “El traslado dependerá de cada persona, de su cuenta de ahorro individual y de si efectivamente se pasa al régimen público”, puntualizó Velasco.
Expertos en pensiones han advertido que el debate no puede calificarse como una expropiación, aunque reconocen que la postura del Gobierno plantea interrogantes. Andrés Felipe Izquierdo, CEO de Integral Soluciones Pensionales, recordó que el Decreto 2090 ya establece que los trabajadores de alto riesgo deben estar en Colpensiones. Sin embargo, advirtió que la exigencia de Dussán podría entrar en contradicción con la Ley 2381 de 2023, es decir, la reforma pensional recientemente aprobada pero aún en revisión por posibles vicios de trámite.
El abogado laboralista Kevin Hartmann, por su parte, señaló que Colpensiones debería concentrarse en reconocer y pagar las pensiones de los trabajadores de alto riesgo que ya han visto negados sus beneficios, en lugar de reclamar nuevos recursos. “Esa plata no la puede tomar para el fondo común”, criticó en redes sociales.
En este contexto, resurgen comparaciones históricas con la crisis del extinto ISS, que terminó liquidado tras el manejo inadecuado de los ahorros de la clase trabajadora. La polémica abre un nuevo capítulo en la ya compleja discusión pensional del país, donde el pulso entre Colpensiones y las AFP parece intensificarse.
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