El exsenador liberal vinculó a reconocidos dirigentes como Efraín Cepeda, David Char y Armando Benedetti con acuerdos políticos y económicos con las AUC. Cepeda negó tajantemente los señalamientos y anunció acciones legales contra Ashton.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que continuará con el proceso de sometimiento del exsenador liberal Álvaro Ashton, investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho, tras considerar suficientes sus aportes a la verdad durante la audiencia única realizada los días 20 y 21 de febrero de 2025 ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
Según el Tribunal de Paz, las declaraciones de Ashton aportaron información de “alto valor” sobre los presuntos vínculos entre políticos, empresarios y miembros de la fuerza pública con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), especialmente con Édgar Ignacio Flórez Fierro, alias Don Antonio, y Carlos Mario García Ávila, comandante político del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte.
“El compareciente explicó cómo dichos pactos económicos, políticos y electorales facilitaron la cooptación de instituciones públicas, la manipulación de elecciones y el control político en el Atlántico y la región Caribe”, señaló la JEP en un comunicado.
El tribunal también valoró el reconocimiento de responsabilidad política y moral del excongresista, así como su compromiso con proyectos restaurativos, de memoria y reparación colectiva enfocados en comunidades víctimas de los departamentos del Atlántico y el Magdalena.
Políticos y empresarios señalados
Durante su intervención, Ashton mencionó a varias figuras del ámbito político nacional, entre ellas el expresidente del Senado y actual precandidato presidencial conservador Efraín Cepeda, a quien vinculó con presuntos “acuerdos electorales indirectos” con sectores aliados de los paramilitares en Barranquilla y Soledad (Atlántico).
El exsenador también señaló al excongresista David Char Navas, a quien atribuyó apoyo económico y político proveniente de las AUC. En la misma línea, mencionó a los exparlamentarios Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo y Jorge Alberto Gerlein Echeverría, quienes habrían mantenido alianzas con estructuras paramilitares para fortalecer sus campañas políticas.
Asimismo, Ashton involucró al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, asegurando que en el debate de la Ley 975 de 2005 —conocida como Ley de Justicia y Paz— fue uno de los mayores promotores de artículos favorables a los paramilitares.
“Era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos […] fundamentales para las AUC, como el de la sedición y la alternatividad penal”, declaró Ashton ante la JEP.
Los señalamientos también alcanzaron a exmandatarios regionales, empresarios del Caribe y altos mandos militares, cuyas identidades fueron remitidas a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, para determinar si existe mérito para abrir nuevas investigaciones penales.
Cepeda responde: “Jamás he tenido acercamiento con ninguno”
Tras conocerse las declaraciones, Efraín Cepeda respondió públicamente este sábado 11 de octubre, asegurando que no tiene ningún vínculo con las AUC y que demandará a Ashton por difamación.
“Me acabo de enterar que los paramilitares me apoyaron en algún momento. Jamás he tenido acercamiento con ninguno. Las luchas que he dado desde el Senado han despertado el odio de quienes quieren destruir las instituciones. No me van a callar”, expresó Cepeda a W Radio.
El exsenador conservador afirmó que Ashton busca notoriedad dentro del proceso de la JEP, luego de haber sido excluido temporalmente en el pasado, y consideró sus acusaciones como un intento político de desprestigiarlo.
“Él confirma su paramilitarismo, pero nadie en Colombia me ha mencionado jamás ni conozco a alguno de esos señores. Mi actividad política es limpia. Vamos a derrotar a la estructura petrista que lidera Ashton”, concluyó.
Álvaro Ashton, economista y exsenador liberal, ha sido procesado por su presunta participación en la “parapolítica”, fenómeno que implicó la infiltración de grupos paramilitares en la política nacional durante los años 2000.
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