Gobierno ordena intervención administrativa total de Comfanorte en Norte de Santander, por graves irregularidades financieras


Un nuevo remezón administrativo sacude a la Caja de Compensación Familiar Comfanorte. Mediante la Resolución N.° 1535 del 12 de diciembre, el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia del Subsidio Familiar, ordenó la intervención administrativa total de la entidad, tras detectar serias irregularidades en su funcionamiento, decisión adoptada en el marco de la ley de garantías.

Con esta medida, la Supersubsidio ordenó la separación inmediata del director administrativo Óscar Guillermo Gerardino Astier, del revisor fiscal y de los integrantes del Consejo Directivo, luego de una revisión integral al manejo administrativo, financiero y operativo de la caja de compensación.

Según informó el ente de control, la decisión se tomó tras una visita especial realizada entre el 1 y el 5 de diciembre, en la que se evidenciaron debilidades financieras, contables y de transparencia, así como fallas en la supervisión del manejo de recursos parafiscales y en el cumplimiento del marco legal y estatutario.

El informe de la Superintendencia advierte una deficiente transparencia financiera en la ejecución del proyecto habitacional Torres del Norte, la ausencia de control efectivo sobre la Unión Temporal encargada de las obras y un alto riesgo de pérdida de recursos, que podría superar los 10.000 millones de pesos, además de un déficit presupuestal proyectado de más de 3.000 millones.

Cabe recordar que el 5 de mayo de 2024, la misma entidad de control había anunciado una primera intervención por un período inicial de 15 meses. Sin embargo, tras una reclamación jurídica, la medida fue levantada y Comfanorte retomó su normalidad administrativa. Con esta nueva resolución, la intervención vuelve a activarse de manera total.

De acuerdo con la Superintendencia del Subsidio Familiar, el objetivo principal de esta decisión es proteger los recursos parafiscales que administra la entidad y evaluar su funcionamiento en todas las áreas, garantizando una gestión transparente y ajustada a la normatividad vigente.

En el marco de la intervención, el Gobierno nacional designó a María Teresa Carvajal Aguirre como nueva directora administrativa y a Miguel Atalo Salomón Fuentes como agente especial de intervención, figura que reemplazará al Consejo Directivo durante el tiempo que dure la medida.

Comfanorte cuenta con cerca de 15 mil empresas afiliadas, lo que la convierte en una de las cajas de compensación familiar más grandes de Norte de Santander, razón por la cual la decisión genera un amplio impacto en el sector empresarial y entre miles de trabajadores y beneficiarios de la región.

Rechazo de los trabajadores y preocupación sindical

Tras conocerse la segunda intervención, los trabajadores de Comfanorte expresaron su rechazo y preocupación frente a lo ocurrido. El abogado Jesús Durán, vocero del sindicato, manifestó a Caracol Radio que “lamentablemente lo que ha venido ocurriendo genera mucha preocupación por los antecedentes que tenemos y por los efectos que esto pueda conllevar”.

Durán recordó que durante la anterior intervención “se nos dijo que se respetaría la situación de los trabajadores, pero luego sobrevino una ola de despidos y situaciones traumáticas para todos”.

El jurista también cuestionó que la medida se haya adoptado “en plena ley de garantías, en época electoral, y que se haya producido de manera abrupta, pese a las alertas que se habían generado hace apenas ocho días por rumores que anunciaban una nueva intervención”.

Antecedentes y señalamientos

Esta es la segunda intervención de Comfanorte en poco más de un año. La primera se produjo en abril de 2024, cuando la Supersubsidio alertó sobre riesgos financieros derivados de múltiples modificaciones al proyecto habitacional, cuya inversión pasó de 2.600 millones a cerca de 9.000 millones de pesos.

Hasta el momento, Óscar Guillermo Gerardino Astier no se ha pronunciado públicamente sobre la nueva medida.

Desde sectores sindicales y sociales del departamento se ha señalado que esta situación de desorden administrativo y financiero estaría relacionada, según ellos, con un manejo político histórico de la entidad, afirmando que las cajas de compensación en Norte de Santander han sido influenciadas por intereses partidistas, en detrimento —según denuncian— de los recursos destinados a la salud, los adultos mayores y la clase trabajadora.

La Superintendencia del Subsidio Familiar aseguró, finalmente, que se adoptarán todas las acciones necesarias para salvaguardar los intereses de los afiliados y garantizar la continuidad y transparencia de los servicios durante el período de intervención administrativa.

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