El Gobierno Nacional invocó el artículo 215 de la Constitución para enfrentar un déficit fiscal proyectado del 7,1% del PIB para 2025. La medida busca recaudar recursos urgentes para el sistema de salud, la seguridad y la protección de líderes sociales.
En un movimiento político y jurídico de alto impacto, el presidente Gustavo Petro, junto con la totalidad de su gabinete ministerial, firmó este lunes el Decreto 1390, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.
La decisión se toma tras el hundimiento de la reciente ley de financiamiento en el Congreso, una situación que, según el Ejecutivo, ha generado un "desbalance gigante" en las finanzas públicas que no puede ser gestionado bajo las herramientas legales ordinarias.
Los motivos: Salud, Seguridad y Déficit
El decreto expone una situación financiera crítica. El Gobierno advierte que el déficit fiscal, que cerró 2024 en un 6,7% del PIB, se disparará al 7,1% en 2025. Esta coyuntura se ve agravada por tres frentes urgentes:
1. Crisis en el Sistema de Salud: Para cumplir con los fallos de la Corte Constitucional sobre la nivelación de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), el Gobierno requiere $3,3 billones adicionales para 2026. "Sin este dinero, el derecho fundamental a la salud está en serio riesgo", advierte el texto.
2. Seguridad Nacional: El Ministerio de Defensa estima necesidades por $2,7 billones para enfrentar ataques con drones y tecnología de grupos armados en regiones como Cauca y Norte de Santander.
3. Protección y Democracia: La UNP requiere $1 billón para garantizar la seguridad de líderes sociales y candidatos en los próximos comicios.
¿Qué implica esta medida?
La declaratoria tendrá una vigencia inicial de 30 días, prorrogables hasta 90. Durante este tiempo, el Presidente adquiere facultades extraordinarias para dictar decretos con fuerza de ley. Esto le permitiría:
· Crear nuevos tributos o modificar los existentes de forma transitoria.
· Realizar movimientos presupuestales sin pasar previamente por el Legislativo.
No obstante, el Decreto 1390 no establece impuestos de forma inmediata. Por razones de procedimiento, primero se formaliza la emergencia y, en los días siguientes, se expedirán los decretos de desarrollo que contendrán las medidas impositivas específicas.
El control de las Cortes y el Congreso
La medida ya genera un intenso debate jurídico. Tanto la declaratoria como los decretos que se deriven de ella pasarán a revisión automática de la Corte Constitucional. El alto tribunal analiza sesionar de manera extraordinaria e incluso contempla la posibilidad de suspender los efectos del decreto mientras realiza el estudio de fondo.
Por su parte, el Congreso ha sido convocado para ejercer control político diez días después de finalizada la emergencia. El Legislativo deberá evaluar la proporcionalidad de las medidas, especialmente tras haber negado previamente las reformas tributarias que buscaban recaudar $12 billones para 2025 y $16,3 billones para 2026.
Análisis de cifras clave:
Sector / Concepto | Monto Requerido (Billones) | Motivo Principal |
Salud | $3,3 | Nivelación de la UPC y fallos judiciales. |
Defensa | $2,7 | Tecnología contra drones e infraestructura. |
Protección (UNP) | $1,0 | Seguridad de líderes y candidatos. |
Déficit Fiscal 2025 | 7,1% del PIB | Proyección de desbalance financiero. |
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