Mientras el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc crecen en hombres y tecnología, los militares en Antioquia enfrentan la guerra con menos presupuesto, apoyo aéreo limitado y hasta falta de alimentación. Gobernador denuncia abandono estatal.
En medio de una preocupante escalada de violencia armada en Antioquia, las tropas del Ejército Nacional parecen estar librando una guerra con las manos atadas. A los combates diarios contra el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, se suma ahora un enemigo silencioso pero letal: el recorte presupuestal ordenado por el Gobierno Nacional a la Fuerza Pública.
A pesar de que el departamento es uno de los más afectados por el conflicto armado en la actualidad, con una activa confrontación entre los principales grupos ilegales, las brigadas del Ejército enfrentan severas limitaciones logísticas. Las denuncias incluyen falta de combustible para vehículos militares, ausencia de apoyo aéreo en operaciones de campo, y carencias tan básicas como chalecos antibalas, botas, papelería e incluso alimentación adecuada para las tropas.
Antioquia, uno de los epicentros de la confrontación, es testigo del impacto directo. La Cuarta Brigada, con sede en Medellín, vio reducida su asignación de $97 millones en 2023 a apenas $32 millones en 2024. La Brigada 14 pasó de $86 millones a $65 millones, y la Brigada 17, con jurisdicción en Urabá, bajó de $104 millones a $75 millones. La única excepción fue la Brigada 11, con sede en Montería pero con presencia en el Bajo Cauca antioqueño y Valdivia, que mantuvo su presupuesto en $101 millones.
Para muchos, este panorama recuerda los años más oscuros del conflicto. “Se sienten las afugias que no se veían desde mediados de los años 90”, aseguran mandos militares en reserva.
Ante el vacío dejado por la Nación, los entes territoriales están asumiendo de sus propios recursos parte del sostenimiento logístico de las tropas. “Los antioqueños hemos asumido responsabilidades en varios frentes que son competencia del Gobierno Nacional. Uno de ellos: la seguridad, es decir, recursos económicos para la operatividad y dignidad de nuestros Soldados y Policías”, expresó Julián Andrés Rendón, gobernador de Antioquia.
Mientras tanto, los grupos armados ilegales avanzan. Según un informe presentado por la Secretaría de Seguridad a la Asamblea Departamental en diciembre de 2024, el Clan del Golfo tenía presencia en 90 de los 125 municipios antioqueños y captaba rentas anuales por más de $1 billón, principalmente del narcotráfico y la minería ilegal. Además, el ELN tenía presencia en 33 municipios y el Estado Mayor Central (disidencias de las Farc) en al menos 22.
La situación se agrava por la creciente asimetría tecnológica. Mientras las operaciones del Ejército se ven frenadas por la falta de apoyo aéreo —una ventaja táctica histórica del Estado— los grupos ilegales ya utilizan drones tanto para ataques como para contrarrestar los operativos de la Fuerza Pública.
La creciente debilidad institucional y militar, sumada al fortalecimiento logístico, financiero y tecnológico de los grupos al margen de la ley, hace temer un retroceso hacia escenarios de violencia que el país creyó haber superado hace más de dos décadas.
El llamado desde Antioquia es claro: sin recursos suficientes, la capacidad del Estado para garantizar la seguridad se desmorona. La pregunta que queda en el aire es si el país puede permitirse —otra vez— dejar que las regiones más golpeadas por la violencia paguen los platos rotos de decisiones tomadas desde Bogotá.
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