La intervención funcional excepcional fue decretada ante denuncias por falta de capacidad técnica, presiones políticas e irregularidades administrativas, fiscales, penales y ambientales en el contrato de operación del acueducto entre EIS Cúcuta y Aguas Kpital.
La Contraloría General de la República anunció la intervención funcional excepcional sobre el contrato No. 030 de 2006, suscrito entre la Empresa de Acueducto EIS Cúcuta S.A. E.S.P. y la empresa Aguas Kpital, responsable desde hace casi dos décadas de la operación del servicio de acueducto en la capital nortesantandereana.
La medida, sustentada en el artículo 23 del Decreto Ley 403 de 2020, se produce tras las solicitudes del contralor municipal de Cúcuta, Óscar Sandoval, quien alegó falta de capacidad técnica en su despacho, y del senador Edgar Díaz, quien denunció presunta parcialidad e injerencias políticas dentro del ente de control territorial.
El caso ha cobrado relevancia nacional debido a que la Contraloría de Cúcuta detectó 41 hallazgos de diversa índole, incluidos administrativos, disciplinarios, fiscales, penales y ambientales, los cuales configuran un presunto detrimento patrimonial que supera los $1,1 billones de pesos.
Entre los hallazgos más graves se encuentran:
Un Índice de Agua No Contabilizada (IANC) del 46%, muy por encima del 35% establecido en el contrato y comparable con las cifras previas a la concesión en 2005.
La persistencia de más de 405 kilómetros de redes de asbesto-cemento, a pesar de haberse recaudado recursos vía tarifas para su renovación bajo el concepto de Costo Medio de Inversión (CMI).
Presuntos riesgos para la salud pública, falta de reposición de infraestructura y débil supervisión institucional.
Incertidumbre sobre la composición accionaria de Aguas Kpital, pues según la Contraloría, el 77,6% de las acciones están en manos de un patrimonio autónomo sin personería jurídica, y otro 20,8% estaría vinculado a acreedores del Grupo Nule, implicado en el escándalo del “carrusel de la contratación”.
La intervención excepcional implica que todos los procesos de vigilancia y control fiscal —incluidas auditorías, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal y cobros coactivos— adelantados o por iniciar por la Contraloría de Cúcuta en relación con el contrato 030 serán asumidos directamente por la Contraloría General, a través de sus delegadas para el sector Minas y Energía y de Responsabilidad Fiscal.
Según el ente de control nacional, la magnitud del caso justifica plenamente la medida:
“La decisión responde a una situación crítica de control fiscal territorial, que involucra un déficit institucional operativo y un presunto detrimento patrimonial de alta significancia fiscal y penal”, señaló la Contraloría.
El origen del proceso se remonta a una denuncia ciudadana que destapó el crítico panorama de la operación del acueducto durante 18 años, tiempo en el que se habrían vulnerado principios técnicos, financieros y de transparencia, afectando directamente la prestación del servicio público esencial de agua potable en la ciudad.
Pese a la gravedad de los hallazgos, ni la Alcaldía de Cúcuta ni la empresa EIS Cúcuta se han pronunciado de forma oficial. No obstante, el contralor municipal Sandoval ha hecho un llamado urgente al alcalde Jorge Acevedo y a la Junta Directiva de EIS Cúcuta para que actúen de manera decidida frente a la situación.
Con esta intervención, la Contraloría General busca garantizar una actuación independiente, técnica y rigurosa frente a uno de los contratos más cuestionados en la historia reciente de Cúcuta, con impactos fiscales, sociales y ambientales de gran alcance.
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